El Gobierno presiona a las empresas privadas para que nombren a más mujeres jefas

El Gobierno pretende que las empresas privadas incorporen la «paridad» en sus órganos de dirección. La ponencia política del Partido Socialista, que será aprobada en el congreso que la formación de Pedro Sánchez celebrará el próximo octubre, observa «una escasa presencia de mujeres en puestos directivos y de responsabilidad» y señala que «el número de mujeres directivas en España se sitúa en el 34%».

«Por ello», dicen los socialistas, «la CNMV no puede seguir aplazando el objetivo de alcanzar una participación paritaria en los Consejos de Administración de las grandes empresas que regula». Afea que «las empresas por sí mismas no han sabido responder al mandato democrático de contar en su máximo órgano de representación y toma de decisiones con la mitad de la población».

En julio de 2018, el Ejecutivo ya avisó de sus planes para exigir por ley que las empresas privadas tengan una presencia «equilibrada» de hombres y mujeres. Lo hizo registrando una iniciativa en el Congreso, en la que imponía dicha exigencia con un plazo de adaptación hasta 2023 que el Ejecutivo cree ahora que no va a buen ritmo.

«Otros países de Europa van más rápido y toman decisiones obligatorias para que la presencia de hombres y mujeres en sus consejos de administración se cumpla», argumentó la entonces vicepresidenta Carmen Calvo.

La proposición establecía  cuotas obligatorias de participación de las mujeres en los comités y consejos de dirección.

Gobierno ¿paritario? 

Un ejemplo que no sigue a pies juntillas el presidente socialista. Aunque Pedro Sánchez presume de liderar el Gobierno más feminista de la historia – con un 64% de mujeres frente al 36% de hombres en el Consejo de Ministros- la realidad es que más del 80% de los altos cargos de su equipo de colaboradores más cercanos son hombres.

En ese núcleo duro están el nuevo ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el jefe de gabinete, Óscar López. La Secretaría de Estado de Comunicación la ostenta el ex diputado del PSC Francesc Vallès y la oficina económica del presidente recae en Manuel de la Rocha.